En el acto de presentación del Informe preliminar sobre Oaxaca producido por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), el sábado 20 de enero pasado, Carlos Monsiváis planteó la siguiente pregunta:

“Un punto a debatir en el análisis cultural del conflicto: ¿por qué no se ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente como se describe en este documento? ¿Por qué se ha decidido sin deliberar que es mejor ver de soslayo o no enterarse de los agravios bárbaros a los derechos humanos?”

Sin embargo el informe preliminar de la Comisión, resultado de un total de 420 entrevistas a todos los sectores del conflicto, incluidas autoridades estatales y federales, organizaciones, presos y ciudadanos oaxaqueños ajenos al conflicto, es terminante. El primer punto de sus conclusiones dice:

“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policíaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista”.

Es decir, no se trata de “excesos” o de “actos aislados”, sino de una estrategia gubernamental para paralizar por el miedo, no a las formaciones políticas existentes, sino precisamente a estos procesos y movimientos de la sociedad.

Las muertes y desapariciones documentadas en las cinco primeras conclusiones (1 a 5) del informe convergen en ese objetivo: aterrorizar a la población, mediante “ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a grupos indígenas”, precisa el punto 5.

El documento da la cifra provisional de 23 muertos documentados e identificados, aunque la Comisión “tiene constancia de la muerte de otras personas no identificadas”. Además, agrega, “existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas”, pero faltan denuncias formales presentadas. Las personas tienen miedo. “Me desaparecieron a un hijo. Si hago la denuncia, me desaparecen al otro”, dijo una señora de Oaxaca a uno de los miembros de la Comisión.

I

Reproduciré a continuación, en toda su escueta crudeza, algunos de los puntos de las conclusiones de la CCIODH:

Punto 8: “Se han violado los derechos a paro sindical, libertad de expresión sindical y libertad de cátedra del magisterio. La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ha sido el colectivo social más fuerte y cruelmente afectado por el conflicto, sufriendo daños materiales, hostigamiento, amenazas, agresiones, muertes y desapariciones en un número significativo”.

Punto 9: “Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la población civil: hombres, mujeres, niños y ancianos, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. En ellas han participado cuerpos policiales federales, estatales y municipales y grupos de elite, incluso con la intervención de efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación. Grupos de personas no uniformadas con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunos casos utilizando vehículos policiales y con la participación de funcionarios públicos”.

Particularmente significativo de métodos que se están constituyendo en norma, desde Atenco hasta Chiapas, es el siguiente punto del informe.

Punto 10: “Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres”.

Estas agresiones sexuales, según los procedimientos aún impunes utilizados en mayo pasado contra las presas de Atenco, fueron realizadas durante los traslados, en esa “tierra de nadie” que son los trasportes policiales. Así lo registra el punto 13 de las conclusiones de la Comisión:

“En los traslados se han vulnerado los derechos de manera especialmente grave, realizándose torturas físicas (toques eléctricos, golpes, heridos, quemaduras, etc.) y psíquicas. La CCIODH tiene indicios fundados de violaciones a hombres y mujeres, según testimonios y cuadros clínicos. En los traslados han participado cuerpos policiales, en ocasiones efectivos militares y grupos de personas no uniformadas y armadas que custodiaban a los detenidos hasta los penales”.

Vino después, detallada en los puntos 14 a 24 del informe, la anulación de todos los derechos procesales garantizados por la Constitución y las leyes de la República, a lo cual se sumaron las condiciones del encarcelamiento. En los puntos 19 y 21 se anota:

“Las condiciones de habitabilidad, higiene, salubridad y alimentación que se encontraron en las visitas a algunos penales vulneran los mínimos establecidos en la legislación interna, así como los tratados internacionales en la materia suscritos por México.” […]  “Hay personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad a pesar de tener la condición de presos preventivos y sin que exista estudio o certificado alguno que justifique la peligrosidad de los reos y la consecuente adopción de tal medida”.

II

Se detallan después en el documento de la Comisión los efectos psicosociales de la represión sobre la cual, dice el informe, “hay sospechas más que fundadas para afirmar que miembros de cuerpos policiales han entrado en hospitales para aprehender heridos”, práctica abominable de los cuerpos represivos en México al menos desde los tiempos de la “guerra sucia”. Dicen algunas de las conclusiones de la Comisión:

Punto 26. “Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social. Los más señalados son: revivir permanentemente los eventos traumáticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad psicológica a estímulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manía persecutoria. Hay una percepción de aleatoriedad e injusticia, de indefensión, de pérdida del control sobre la situación y sobre la propia vida. Constatamos la dificultad de verbalizar lo que les ha sucedido”.

Punto 29. “Observamos un impacto importante de la estrategia psicosocial de generación de miedo que tiene consecuencias importantes: el hecho de no denunciar y el incremento de la desconfianza hacia las personas e instituciones, fomentado además por la existencia de señalamientos y acusaciones, campañas de odio, la incitación a la violencia y los obstáculos jurídicos existentes”.

Punto 33. “A nivel social, constatamos el grave deterioro y la desconfianza que la gente tiene en las instituciones, lo que está poniendo en grave peligro las vías de participación democrática. Dado el alto grado de violencia social imperante es posible que la estrategia de control social empleada acabe generando reacciones de mayor intensidad y violencia. Esta desconfianza en las instituciones y la impunidad con la que actúan en los hechos descritos en este informe, dificultan el diálogo de las partes en conflicto”.

III

Tres formas específicas y agudas de la represión anota el informe: hacia los defensores de derechos humanos (“ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias, criminalización de sus acciones”), hacia las mujeres y hacia las personas y pueblos indígenas. Dicen las conclusiones de la Comisión:

Punto 39. “La Comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, sentadillas, etc.) hacia las mujeres por su condición de género. Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos”.

Punto 41. “En las regiones de Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur y Costa y en la zona Triqui se ha constatado un incremento de la presencia de cuerpos militares, grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos casos comandados por caciques y presidentes municipales, que agreden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la población (incluídos niños y mujeres), provocando desplazamientos en algunas comunidades con la consecuente fractura social y disgregación familiar”.

Sobre las conclusiones aquí resumidas, el informe preliminar de la Comisión Civil Internacional propone sus recomendaciones en dieciocho puntos, en cuanto a las medidas necesarias para abrir salidas a esta situación. Remito aquí a la lectura del informe completo en la página web de la comisión: http://cciodh.pangea.org

IV

En la página 28 de La Jornada de ayer, 21 enero 2007, apareció la siguiente información, procedente del municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, fechada el 20 de enero:

“En presencia de más de 50 policías ministeriales y preventivos, 200 pobladores de la comunidad Tierra Blanca del municipio de San Blas Atempa lincharon a un presunto asaltante. ‘Esto fue un escarmiento, quien quiera venir a robar aquí correrá la misma suerte’, afirmaron los vecinos. Según los pobladores, el sujeto, identificado como Joel Gallegos Jiménez, de 30 años, había asaltado una tienda de abarrotes propiedad de Héctor Escobar”. El hombre fue “golpeado, arrastrado y retenido en la Casa de Salud, donde fue desnudado”.

A las tres de la tarde llegaron funcionarios judiciales y unos 60 agentes de policía para rescatar al preso. Sin embargo, continúa la noticia, “una hora más tarde los pobladores amarraron con una cuerda al presunto asaltante del cuello y lo colgaron. Afuera de la Casa de Salud sólo se escuchó un grito de dolor y la gente gritó: ‘Ya fue coronado, ahora que se lo lleven’”.

En la página 30 de la misma edición de La Jornada, aparece otra noticia: el transportista Albano Ramírez Santos, detenido en la estación Indios Verdes del Metro, fue llevado a una agencia del Ministerio Público en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ileso cuando fue apresado según informa el personal del metro, Albano Ramírez fue golpeado en el trayecto dentro de la patrulla, perdió el conocimiento y llegó muerto, con cuatro costillas rotas: causal de la muerte, según esta información, traumatismo craneoencefálico y toráxico. Otro muerto en “tierra de nadie”.

Dos noticias, en un solo día, de una guerra larvada entre autoridades y población en la vida cotidiana de esta sociedad. Contra este fondo es preciso leer el alarmado informe de la Comisión Civil Internacional.

V

A título absolutamente personal me dirijo desde aquí al escritor Carlos Monsiváis, a la senadora Rosario Ibarra, al pintor Francisco Toledo y al obispo emérito Samuel Ruiz, quienes han dado su apoyo al informe de la CCIODH, para pedirles que, desde la autoridad de la cual gozan ante sectores significativos de nuestra sociedad, vean los modos, las formas y las urgencias para lanzar una campaña de movilización para la defensa incondicional de los derechos humanos en nuestro país y para la divulgación masiva de las conclusiones de la Comisión Civil Internacional.

Adolfo Gilly es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO

Si le ha interesado este artículo, recuerde que sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita y considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural con una DONACIÓN