Sostenibilidad

Tal como están las cosas, vivimos una hora oportuna para los llamamientos éticos. Nuestra responsabilidad cívica y nuestro reto ético generacional debiera ser coadyuvar a poner en marcha un modelo de desarrollo sostenible, que tenga como meta la equidad y la sostenibilidad. Sostenibilidad, palabra y concepto que parecen proscritos en esta época de crisis, cuando, paradójicamente, ha sido la insostenibilidad y la avaricia de unas oligarquías y de unas políticas, y sus HECHOS,  los que nos han conducido y nos mantienen en ella.  Peor porvenir se avecina cuando la pretendida recuperación apunta a más de lo mismo, haciendo otra vez lo mismo, para luego volver a recaer, más tarde o más temprano, en lo mismo.

En algo nos hemos equivocado en el “relato” quienes defendemos desde hace casi medio siglo la necesidad de un cambio en pro de otro modelo de desarrollo. Algo no se ha sabido contar para que se asista a una indiferencia ahora mayor que la de hace veinte o treinta años, a una involución en la sensibilidad ambiental de la sociedad, y de los medios mayoritarios, que parecen ignorar que el empleo y la salud dependen de otro modelo y no de soluciones especulativas de los pocos que se lucran del dinero creado virtualmente en mecanismos de mercado y con los tan alabados métodos de la ingeniería financiera, auténticos  engendros del mal.

La sostenibilidad exige considerar la equidad intergeneracional y evitar el deterioro y el agotamiento de los recursos no renovables precisos para la calidad de vida de nuestras sociedades y para cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos para llevar una vida digna.

El actual modelo, además de insostenible, y progresiva y atrozmente injusto, ha demostrado su fracaso. ¿Qué soluciones ofrece a esta necesaria sostenibilidad? ¿Les preocupa ello siquiera a sus mentores? El beneficio económico como único motor del desarrollo es el paradigma de la insostenibilidad.

Calidad ambiental

Hablar de sostenibilidad es hablar de mejora de la calidad ambiental, “sensu lato”. Y la mejora de la calidad ambiental exige asumir  prioritariamente la necesidad de una política ambiental explícita, que no puede ser un simple parche para quedar bien, que no puede quedar en meros pronunciamientos en el Día de la Tierra o fechas similares. Esa política exige cambiar muchos planteamientos. Por eso tenemos tanto por hacer en España en esta materia.

 La consigna, sí, es que hay mucho que hacer, pero que hay que hacerlo reflexivamente y pensando, sobre todo,  en el largo plazo. Esa debiera ser la gran diferencia con lo que hoy vivimos.

La mejora de la calidad ambiental precisa incorporar de forma efectiva la variable ambiental en la toma de decisiones, de todo tipo de decisiones, desde las de nivel más estratégico, como son las decisiones políticas, hasta las que se van tomando sucesivamente  en un orden de concreción creciente: los planes, los proyectos y las acciones cotidianas. Y esto, teniendo en cuenta que  las decisiones en los niveles de orden superior son las más estratégicas, las más determinantes, las más importantes, ya que, inexorablemente, condicionan las de los niveles de orden inferior. Una política induce planes y los planes inducen proyectos en los que no podemos reconducir los errores de una política equivocada o de unos planes equivocados. Si hubiese habido  políticas y  planes previos coherentes, no hubiéramos asistido al despilfarro inútil, en todos los sentidos, de las radiales de Madrid o de los aeropuertos sin uso, como no sea el de satisfacer la soberbia personal de algún cacique.

Esa mejora de la calidad ambiental como objetivo prioritario precisa una gestión ambiental que aúne tres enfoques:

-1. Prevenir degradaciones del medio y conflictos ambientales en el futuro.

-2. Corregir comportamientos inadecuados de los agentes sociales y económicos y resolver conflictos ambientales en el presente.

-3. Corregir degradaciones existentes y revertir procesos de deterioro del pasado.

Instrumentos para la gestión ambiental

Y para ACTUAR en esas vías hay que utilizar de forma racional muy variados  instrumentos, en cada momento acordes con el tipo de decisión  a adoptar.

Los instrumentos preventivos están orientados a evitar los efectos ambientales en el origen. Dentro de ellos se pueden distinguir los primarios (educación, sensibilización, formación, investigación…), los secundarios (legislaciones, bases de datos,…) y los de gestión propiamente dicha (Evaluación del Impacto ambiental (EIA) de proyectos, Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes y programas, …)

La educación ambiental debe incorporar el concepto de la sostenibilidad desde las etapas tempranas de la formación. No basta con introducir capítulos cosméticos de flora y fauna en los planes de estudio. La investigación precisa de un fuerte empuje, porque es absolutamente necesaria para comprender los mecanismos que permitan adoptar las mejores decisiones ante los problemas ambientales globales. 

La EIA ha ido perdiendo progresivamente su papel de estudio previo para mejorar el diseño y la operación de los proyectos, para convertirse en  un mero trámite administrativo para conseguir lo más rápido posible su aprobación. Cada vez más, en lugar de un estudio previo,  es un estudio a posteriori,  maquillaje de un proyecto ya redactado. En la última reforma de la Ley se acortan los plazos de trámite y se suprime la obligatoriedad del documento de alcance, la forma más efectiva y acordada internacionalmente para contar desde el principio  con la participación de los que posteriormente estarán afectados ambientalmente por causa del proyecto.

La EAE de planes y programas  nació prácticamente muerta con su interpretación administrativa de aprobación ambiental de los planes en un momento único, ratificada luego en la última  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta interpretación no se acomoda al proceso de elaboración y aprobación de los Planes, en los que existe un proceso en cascada de “momentos” en los que los distintos actores intervinientes van tomando decisiones que concretan cada vez más las propuestas, hasta concluir en  el alcance y los contenidos finales. La EAE debiera asegurar que en esos “momentos” clave  se tienen en cuanta las consideraciones ambientales, con el nivel de información adecuado, para  asegurar la consideración de los distintos Planes o Programas sectoriales y económicos incidentes en el mismo territorio, así como de los efectos territoriales, transfronterizos, indirectos, acumulativos, inducidos, sinérgicos, colaterales y a largo plazo del Plan o Programa en consideración.

Como no se cree en ello, ni se ha legislado, ni se ha aplicado así.

A nivel legislativo hay que resaltar el abandono en esta legislatura, mejor el olvido absoluto, de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una Ley cuya aplicación efectiva debiera ser imprescindible para lograr la fijación de población de manera digna en el territorio rural.

Los instrumentos correctores están,  o bien orientados a las empresas y actividades productivas (Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental, Certificación Ambiental, Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Responsabilidad Social Empresarial (RSE)…), o bien  orientados a los productos (Etiquetado ecológico, Análisis del ciclo de vida (ACV),…) Hasta el momento este tipo de instrumentos son voluntarios. La necesidad de su incentivación es evidente.

En los instrumentos curativos de gestión ambiental se   incluyen los programas y proyectos de recuperación, restauración y rehabilitación ambiental, así como los de puesta en valor de recursos ociosos. El Plan Nacional de Restauración de márgenes fluviales y otros similares yacen en el limbo más  absoluto.

Instrumentos económicos para la gestión ambiental

La necesidad de instrumentos económicos para la gestión ambiental cada vez es más patente. Sin que ello signifique que toda decisión se debe basar únicamente en análisis de variables monetarizables. Hay cuestiones que nunca podrán ser evaluadas en términos monetarios y, sin embargo, pueden ser suficientemente importantes como para decidir por ellas. Precisamente estas debilidades del actual sistema son las que hacen necesario su cambio paulatino.

Las externalidades se definen como los efectos externos económicos, sociales y/o ambientales provocados por las actividades productivas o de consumo que no están incorporadas en los precios de mercado y que repercuten en quienes los reciben. Los efectos sanitarios generados por la contaminación, pongamos la atmosférica en las grandes ciudades,  son una externalidad negativa. Sin embargo, las externalidades negativas y sus perjuicios muy pocas veces se han visto compensadas o internalizadas en los precios, y los daños sociales y económicos que producen han sido socializados hacia el conjunto de la sociedad. Esto hay que cambiarlo. Cada español paga en su recibo de la luz de cada mes una alícuota para sufragar la existencia y la operación de ENRESA, empresa cuyo objetivo es la disposición segura de los residuos de las nucleares, pero… ¡¡¡ los beneficios de las empresas eléctricas por la generación de energía nuclear nunca han sido repartidos entre todos los españoles!!! En lógica de mercado, la lógica que ellos pregonan,  los costes de ENRESA debieran ser asumidos por las eléctricas y repercutidos en el precio del kilovatio nuclear.

Así pues, es preciso complementar los instrumentos económicos de las distintas políticas sectoriales a fin de evitar conflictos entre desarrollo económico y medio ambiente. Instrumentos económicos de posible utilización son:

-Sistemas de cargo o tasas.

-Sistemas de Cuentas del Patrimonio Natural.  Gracias al esfuerzo de José Manuel Naredo, en España en 1985 se creó la Comisión Interministerial de Cuentas del Patrimonio Natural presidida por el Ministerio de Economía, realizando durante sus dos años y medio de funcionamiento una notable labor de desbroce y de propuestas sobre el tema. Pero, desgraciadamente cuando se concluyeron los informes de los cinco grupos de trabajo y se  redactó el informe final de la Comisión con el plan de trabajo en el que se proponían y priorizaban proyectos, con plazos y presupuestos, no se volvió a saber del asunto. La Comisión no ha sido abolida, pero existe desde entonces en estado vegetativo.

-Incentivos para la localización de actividades en zonas no vulnerables.

-Instrumentos fiscales. Los impuestos, la tributación tradicional, se pueden aplicar a la conservación de ecosistemas, a la promoción del consumo de productos menos contaminantes al establecimiento de tecnologías limpias o descontaminantes, …o a la generación de rentas para la gestión ambiental.

-Instrumentos financieros. Consisten en pagos, monetarios o en especie, a actores económicos específicos con el fin de que conserven, protejan o restauren un recurso ambiental específico. Ejemplos son el Pago de Servicios Ambientales, o el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

-Creación de mercados verdes y de Fondos ambientales, etc.

Nivel decisional de las políticas

A nivel de las políticas, el gran instrumento es la aplicación del principio de precaución: ante la incertidumbre de la ocurrencia de efectos de potencialmente muy graves, es mejor actuar de la forma más reversible posible, sin superar nunca los umbrales de reversibilidad, por si acaso nos equivocamos. El fracking, la prospección petrolífera en zonas cercanas a la costa, etc., debieran sujetarse a este principio. Y para qué hablar de las políticas hidrológicas y tantas otras.

El otro gran instrumento a este nivel, es la coordinación de las políticas sectoriales. Incorporar la variable ambiental a las políticas sectoriales, sí, pero también hacerlas coherentes y complementarias, nunca contradictorias. ¿Cómo se compatibiliza una política de apoyo a la minería de carbón y una política de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera?

Indicadores ambientales y de sostenibilidad

En la formulación de políticas, y más con una visión a medio-largo plazo, es imprescindible la utilización de indicadores a partir de los cuales se puedan analizar las situaciones y  tendencias,  y se puedan plantar los escenarios más deseables. En nuestro caso,  indicadores que puedan informar sobre la evolución de la sostenibilidad de las políticas. Eso es lo que motivó en 2004 la creación del OSE, Observatorio de la Sostenibilidad en España, que, además de Informes específicos (cambios de ocupación del suelo, calidad ambiental, energía, agua…) elaboró entre 2005 y 2012 un informe anual sobre la sostenibilidad en España  en los que se aplicaron baterías de indicadores contrastados, operativos y representativos de los aspectos ambientales, económicos y sociales implicados en la sostenibilidad. Esta labor y el OSE se interrumpieron en el año 2013 por “falta de presupuesto público”.

En comparación con los auténticos despilfarros del erario público a los que hemos asistido, el mantener al OSE es el “chocolate del loro”. El interrumpir su actividad implica colapsar la serie de valores que permite visualizar las tendencias. Es un desprecio a la sostenibilidad y a la preocupación por nuestro futuro. Es un crimen de lesa sostenibilidad. Recuperar la labor del OSE debe ser una prioridad.

Planificación territorial

En los niveles de la planificación el gran reto es la planificación territorial. Hay que planificar bien para luego ejecutar bien. Pero si se aprueban planes, que se elaboran para cumplir objetivos en un plazo dado con los medios disponibles, es para cumplirlos. No puede ser que la mayoría de los planes urbanísticos de los municipios hayan funcionado tan asiduamente a través de modificaciones de los Planes para “ajustar” promociones a la medida de intereses concretos y muy frecuentemente espúreos. No puede ser que se admita un Plan General que duplica, o triplica,  la población del municipio en cinco o diez años, como ha sucedido de forma corriente en los años de la malhadada década prodigiosa. No es posible que se haya podido soportar con indiferencia que en veinte años se haya cubierto de cemento el 40% del total de suelo artificializado  hoy día en España. ¡¡¡ En 20 años se ha artificializado el 40% y en el resto de nuestra historia el 60%!!! Y que  se haya perdido para siempre ese suelo en gran parte en las zonas de mayor fertilidad el país. En la Ley del Suelo de 1998 del gobierno de Aznar se adoptó que todo suelo no protegido era urbanizable. Nunca una frase tan corta produjo unos efectos tan devastadores en el territorio español. El resultado ha sido la burbuja que nos arruinó.

A pesar de las competencias  transferidas, son necesarios Directrices básicas estatales de ordenación territorial. Así como planes supramunicipales y comarcales. Los límites administrativos no coinciden con los ecológicos y geográficos.  Por ejemplo, hay que evitar los casos que hoy se dan de “dumping ecológico”. Las especies protegidas no saben de límites entre comunidades autónomas y hay que evitar las discrepancias entre los planes de protección de especies  de distintas comunidades limítrofes.

En la Ley del 89, y luego se confirma en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se define una figura de planeamiento territorial del mayor nivel vinculante: los PORN, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. A ellos deben someterse cualquier otra figura de ordenación territorial, según la Ley. Sin embargo esos planes se redactan en su mayoría para los espacios naturales con alguna figura de protección, ámbito geográfico para  el que son menos necesarios. Su auténtico papel sería para la  planificación del ámbito geográfico de las comarcas naturales y a ellos debieran someterse el resto de los planes territoriales, así como coordinarse con las figuras de planificación territorial que emanan de las sucesivas leyes autonómicas que están surgiendo derivadas del paraguas del Convenio Europeo del Paisaje firmado en Florencia, leyes del Paisaje que a veces aumentan más aún la confusión entre instrumentos de gestión territorial aplicables al mismo ámbito geográfico y con objetivos concomitantes.

Planificación y gestión  forestal

Respecto a la gestión forestal se está proponiendo en la nueva Ley de Montes la supresión de la necesidad de Planes de Gestión en los montes privados y en los públicos no catalogados. ¿Puede pensarse en algo más discordante con la previsión de actuaciones coherentes en bienes de lenta producción? Claro es que de los montes del Catálogo de Utilidad Pública, tras más de 150 años de existencia, solamente existe un 12% con Planes de Ordenación. La persistencia y sostenibilidad de los montes, el 50% del territorio nacional, exige una drástica política forestal para cambiar esta situación. Es necesario reforestar, pero tan necesario o más es ordenar y proteger lo existente con una visión de medio y largo plazo. Las labores selvícolas continuadas ayudan a la prevención de incendios, de inundaciones,  de la erosión y de fenómenos de inestabilidad. Y fijan población porque crean empleos estables en el ámbito rural a lo largo de todo el año, no solo en la época de incendios.

Y permitir urbanizar áreas quemadas en incendios forestales es fomentar  la especulación urbanística. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo cabe imaginar que se proponga eso en la nueva Ley de Montes?

El territorio es el asiento de lo que han hecho nuestros antecesores, de lo que  hacemos nosotros y de lo que harán nuestros sucesores. Es el paisaje, nuestra cultura. Las políticas de todo tipo crean paisaje para ahora y para el futuro, para bien o para mal. Al proponer actuaciones, en aras de la sostenibilidad, hay que tenerlo en cuenta. 

Es preciso recuperar el  deber ético que asumieron los regeneracionistas. Poner en marcha y aplicar con fe una “Estrategia para  la Regeneración Ecológica de España” es cambiar el rumbo en pro de la regeneración del  maltratado territorio español. A esa tarea os ánimo, sobre todo a los que sois jóvenes.

Santiago González Alonso es catedrático de Planificación y Proyectos de la ETS de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid

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