La revuelta de los suboficiales de la Prefectura y de la Gendarmería  no debería sorprender a nadie y menos al gobierno.  Constituye un episodio más en una escalada de conflictos laborales y sociales que se incrementará en los próximos meses.

Existe un malestar muy amplio,  protestas con disparadores muy diversos que se expresan en movilizaciones, huelgas por salarios y condiciones de trabajo en todo el país, donde se destacará el paro nacional y la manifestación convocada para el próximo día 10 de octubre por la CTA que dirige Pablo Michelli, con el apoyo otros gremios de gran peso político y sindical, como es el caso de los camioneros de Hugo Moyano y los Ferroviarios de la lista Violeta-Bordó, entre otros.

Esta semana los efectivos de la Prefectura Nacional, una fuerza militarizada de unos 30.000 efectivos, cuyo objetivo original apuntaba al control de las vías navegables del país se auto acuarteló en protesta por la forma en que habían sido liquidados los sueldos correspondientes al mes de septiembre. A las pocas horas los  suboficiales de la Gendarmería Nacional – también una fuerza militarizada encargada del control de fronteras e integrada por unos 40.000 gendarmes – acompañó en sus reclamos a los prefectos. Desde entonces los suboficiales se mantienen en estado de asamblea, acompañados por mujeres e hijos en sus respectivos cuarteles, pese a que el gobierno retrocedió en la aplicación de un decreto que en los hechos significaba un recorte de las remuneraciones. Es decir liquidó los sueldos tal como figuraban en las planillas del mes pasado.  Ahora la “rebelión” de los sargentos quiere un salario mínimo de 7.000 pesos y que el gobierno garantice la no aplicación de sanciones.

¿Cuál es el motivo de esta reacción que amenaza difundirse en las otras fuerzas armadas?  Solamente la ignorancia puede adjudicar a este hecho la categoría de una conspiración.

La forma en que se establece la remuneración del personal subalterno de la Policía Federal, las provinciales, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y hasta de las Fuerzas Armadas  es una herencia nefasta que ni Kafka hubiese imaginado. Algo peor padecen la mayoría de los empleados públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Dias atrás un miembro de la Comisión Interna del Ministerio de Trabajo, informaba que el organismo  nacional encargado de controlar las leyes laborales (penalizar el trabajo informal) tenía una tercera parte de su plantilla en negro. Mal podrían ser los custodios del trabajo formal.  ¿Qué no fue el asesinato de Mariano Ferreyra sino una lucha contra el trabajo en negro, que está amparado por la burocracia sindical ferroviaria y de los petroleros con la anuencia del Ministerio?

El sueldo de los gendarmes y prefectos es extremadamente bajo, confesión de parte de la misma presidente Cristina Fernández cuando en junio pasado leyó por TV lo que ganaban los efectivos que murieron en un accidente, luego de la represión de los trabajadores  de Cerro Dragón en Chubut. Al recibo oficial, que figura una suma a veces irrisoria, se agregan los “adicionales”  - sumas en negro que no se computan para la jubilación u otros beneficios.  En otras fuerzas las cosas suelen ser peores, como los adicionales que pagan empresarios por custodias especiales que son cobrados por los comisarios y repartidos – si lo son - con un criterio absolutamente clientelar entre la tropa. Por no referirnos a la increíble historia de comisarios o regiones autónomas que se autofinanciaban con el pequeño o gran negocio de la seguridad.

Nilda Garré con alguna experiencia en el ministerio del Interior del gobierno de Fernando de la Rúa y luego en el ministerio de Defensa de Néstor Kirchner, llegó al nuevo organismo de Seguridad – para atender una de las demandas ciudadanas relevantes – con el objetivo de establecer un antes y un después en la materia.  Apuntó a los focos de corrupción en la Policía Federal y en las provinciales apoyándose en Gendarmería y Prefectura, como fuerzas militarizadas menos contaminadas. Para ello tuvo que modificar organigramas y reubicar parte de los efectivos trasladándolos de sus destinos tradicionales al patrullaje de las ciudades y actuar como alternativa en los casos en que las fuerzas tradicionales resultaban poco creíbles.

Sin embargo, poco o nada se hizo en materia de eliminar los pagos en negro al personal. Más aún, el paso de Aníbal Fernández como jefe de la Federal, Gendarmería y Prefectura habría dejado un presente griego para Garré, según los entendidos. Poco después una operación de pinzas comenzó a acotar sus márgenes de acción. Por un lado el desembarco del coronel Esteban Berni, un colaborador de los Kirchner desde Santa Cruz que instala un doble comando en el ministerio. Su protagonismo quedó registrado –hasta ahora - en dos acontecimientos: la represión del llamado parque Indoamericano y la breve “internación” de un centenar de manifestantes, entre ellos mujeres y niños, en el ex campo de detención de Campo de Mayo.  También le pasan factura a Berni por politizar el accionar de las fuerzas con el propósito de instalar la candidatura de Alicia Kirchner en la provincia de Buenos Aires. La otra palanca que presiona sobre la gestión de Garré está en los miles de juicios en los que personal en actividad y en retiro pide blanquear sus remuneraciones. Esto se transformó en una industria, al punto de que una jueza de Corrientes fue  acusada de haber dictado más de 3.000 amparos en favor de prefectos y gendarmes. Este caos contable, jurídico y fiscal determinó la intervención de la Corte Suprema de Justicia con dos fallos, en expedientes caratulados el caso Salas y Zanotti.  Un escenario de verdadero aquelarre donde hay quienes ganan 40.000 pesos por mes y otros, en la misma categoría, 7.000 pesos. ¿Alguien puede ignorar que esto no podía tener un final feliz?

Desde hace meses se trabaja en los ministerios de Seguridad y Defensa para encontrar una salida. ¿Cuál fue? El decreto que provocó el estallido; porque al blanquear las remuneraciones éstas terminaron en un menor sueldo de bolsillo.

“No tiene otra connotación que el reclamo salarial y de las condiciones de trabajo”, aseguró el jurista Alberto Binder, uno de los más reconocidos especialistas internacionales en reformas policiales y judiciales de la democracia.  Agregó que asiste a gendarmes, prefectos y policías todo el derecho de sindicalizarse. Aclaró asimismo que “tienen derecho de huelga, como los médicos, dejando una guardia”.

Comparten el mismo criterio Julio Piumato, dirigente del gremio judicial, quien recordó que la OIT defiende la sindicalización de los uniformados. Lo mismo sostienen la CTA, Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Victoria Donda, que presentó hace ya tiempo un proyecto de Ley con este propósito.

Desde algunas usinas del oficialismo en lugar de analizar los hechos, advertir los yerros, optan por encapsularse. Ven acciones destituyentes o golpistas donde sólo hay crítica o malestar. No se puede prohibir un efecto dejando en pie las causas que lo provocan.

La adulteración de las estadísticas públicas practicadas desde 2007, con la desgraciada intervención del INDEC, no puede ser sostenida toda la vida. No vamos a detenernos en la inflación que analiza Rolando Astarita en esta misma entrega (aquí). Pero nadie puede creer en los indicadores oficiales sobre precios, crecimiento, pobreza y desocupación.  

El Presupuesto del 2013 acaba de ser aprobado en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados a libro cerrado, sin admitir la opinión de la oposición. Según el diputado Claudio Lozano, entre  2003 y el 2012 pasaron sin control del Parlamento el 43 por ciento del gasto total que realizó en ese período.

“Los parámetros básicos utilizados para la confección del Presupuesto para el próximo año son bastante poco confiables, pues el incremento de los precios minoristas se estima en 10,8 por ciento y el de los mayoristas, en 15,1 por ciento. Además, se sostiene que el promedio de la paridad cambiaria para los 12 meses será de 5,10 pesos. En consecuencia, dada la escasa confiabilidad que merecen, no pueden ser tomados en cuenta seriamente”, señala el veterano economista cordobés Salvador Treber, un consecuente luchador contra las políticas neoliberales.

En la historia argentina, ciertamente, existieron grupos que fueron instigadores de los golpes de Estado, a veces golpes de Palacio contra las transformaciones políticas y sociales.  Los podemos identificar como personeros de la oligarquía vacuna, de los intereses imperialistas o de la gran burguesía, o aliados de aquellos como la jerarquía católica y otros que fueron protagonistas, con distintas cuotas de participación y responsabilidad en todos los golpes de Estado desde 1820 hasta 1976.  Que todos ellos existieron y siguen existiendo por todas partes es de Perogrullo.

Sin embargo, poco se ha discutido el porqué gobiernos que emprenden un camino progresista o de transformaciones, por acción u omisión, abren las puertas del pasado. Los ejemplos son muy variados y los podemos encontrar a lo largo de toda la historia.

A los que ven a un golpista tras cualquier protesta social, les valdría recordar al querido y recordado amigo y notable ensayista Carlos Brocato que nos decía en 1985:

“El golpismo reverberó siempre en el calendario político argentino  cuando los gobiernos institucionales incumplían esas transformaciones o las abandonaban. En algunos casos, simplemente se precipitaban en la esterilidad y la corrupción, como ocurrió en la segunda presidencia de Yrigoyen y la de la señora Isabel Martínez de Perón”.

Carlos Abel Suárez es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.