El pasado 20 de junio, Carlos Girbau, coordinador del Foro Social de Madrid, intervino en nombre del mismo ante el Intergrupo parlamentario de defensa y promoción de los derechos humanos en el Congreso de los Diputados.

El Foro Social quiso resaltar que el  retroceso general en derechos que se produce con la excusa de la crisis es, únicamente, resultado del peso de la política neoliberal sobre el conjunto de las instituciones políticas. Dicho recorte profundiza la fractura social, construye una democracia de bajísima intensidad al laminar la participación y desorganiza el conjunto de la sociedad. Desde hace años, Madrid es una avanzada en todo tipo de recortes contra los sindicatos, las asociaciones, los organismos de participación ciudadana, contra el derecho universal a la salud y a la educación

Las supuestas “virtudes” de esas medidas, que se repiten como mantras desde hace años, son: la eficiencia en el uso del recurso público, el abaratamiento de los servicios, la libertad de elección ciudadana y  el superávit de caja. A día de hoy, ninguna de esas cosas es cierta. En consecuencia, es necesaria y posible otra política: aquella que rescate personas y derechos antes que a bancos. Un esfuerzo basado en Derechos, en participación, articulación social y más democracia.

Buenas tardes y agradecerles de antemano su invitación a participar en esta reunión del Grupo Interparlamentario para la promoción y la defensa de los Derechos Humanos.

El Foro Social de Madrid  es un espacio de naturaleza transversal, compuesto por 45 entidades sociales madrileñas. El Foro, surgido en el año 2003, trabaja como punto de encuentro, debate y pensamiento común de las asociaciones que lo conforman. A finales de 2010, el Foro hizo pública una Carta de Derechos de Ciudadanía de la Comunidad de Madrid que representa hoy su tarjeta de presentación.

Componen el Foro Social de Madrid, entre otras, las siguientes entidades sociales: Unión de Actores, Sindicato de Periodistas, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FAPA Giner de los Ríos, COGAM, CCOO, UGT, Asociación en defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Plataforma de mujeres en la diversidad de la Comunidad de Madrid, Acción en RED, Asamblea de Cooperación por la Paz, Paz Ahora, Coordinadora para la Memoria Histórica y Democrática de Madrid, CECU (Madrid) y Justicia y Paz de Madrid.

Como puede verse, el espacio en el que se desarrolla nuestro trabajo es la Comunidad de Madrid y su fondo, el compromiso incondicional con los derechos humanos y la convicción de que su avance es la principal palanca para el desarrollo de una sociedad democrática, cohesionada  y de progreso.

Una Comunidad rica

La Comunidad de Madrid, según sus propios datos (1), es la autonomía más rica de España: su peso en el PIB español  es del 19,6% sobre el total. Según Eurostad, el PIB de la Comunidad es más del 135% del promedio de la UE. Esos datos sitúan a Madrid como  vigesimotercera región por PIB de la Unión Europea. Además, la Comunidad genera 1 de cada 5 euros de actividad económica española y, a consecuencia de todo ello, su PIB por habitante, según el INE, es de 29.731€ (Andalucía 17.587 €).

Los datos muestran una potencialidad de la Comunidad equiparable a las regiones del segmento alto de la UE, tanto por la capacidad de su tejido productivo como por la naturaleza del mismo. Madrid es, además, la capital del Estado y ello, que tiene sus servidumbres, constituye a la vez una ventaja en campos básicos como comunicaciones, acceso al capital, a las inversiones, en la formación de sus gentes, etc.

A pesar de ello, el gasto social de Madrid no responde a los parámetros de una comunidad puntera de la UE, ni siquiera del Estado. Citaremos algunos ejemplos. Madrid tiene un gasto social de 207,39 € por habitante, 72,64 €  por debajo de la media estatal (2). El  número de sus camas hospitalarias por mil habitantes es de las más bajas de España (3,5), por debajo incluso de regiones españolas con un PIB sustancialmente menor. Pensemos que la media de la UE en este campo está en 7,5, muy cerca de las recomendaciones de la OMS que son entre 8 y 10 camas por cada mil habitantes. Caritas (3) señala que la tasa de pobreza en Madrid está situada en una franja de entre el 10 y el 15% de su población y que el riesgo real de exclusión social se eleva al 22% del conjunto de sus habitantes. Por su parte, las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que los desempleados son ya 600 mil personas; es decir, que 500 personas pierden diariamente su empleo y 25 familias sus casas, víctimas de los desahucios. Caritas concluye que en Madrid, al igual que en el resto del estado, la pobreza es más intensa, más extensa y más crónica que nunca.

En cuanto a políticas de igualdad y participación, éstas han sufrido un retroceso al ver como se suprimían los más de 80 órganos de participación ciudadana. Entre ellos, el Consejo de la mujer de la Comunidad de Madrid, las ayudas y las subvenciones a las asociaciones de mujeres, o el freno a la puesta en marcha de planes de igualdad y contra la violencia de género.

Una comunidad para ricos

Sin duda alguna, la crisis económica se halla en el fondo de los problemas que estos indicadores señalan, pero no por ello debemos inferir que las políticas públicas no tengan cierto margen de actuación para ayudar a mitigar las formas más extremas del drama de la crisis y a reducir la horquilla poblacional de quienes se hallan en riesgo de exclusión. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos hablando de la región más rica de España.

En  la cuadragésima octava sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su informe sobre España, se felicitaba del reconocimiento y ratificación por parte del  Estado de importantes instrumentos legales y se instaba a la vez a que éste:  “en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia del os derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de protección análogo que el que se aplica a los derechos civiles y políticos.”

Dicha recomendación tiende a colocar como principal motor y objetivo de la acción de las Administraciones Públicas a la población y sus necesidades, e incide en el objetivo de reducir el segmento de poblacional en riesgo de exclusión.

En estos momentos la recesión, la caída de la recaudación impositiva y la dificultad presupuestaria se esgrimen como razones fundamentales para no poner en práctica las propuestas que plantea Naciones Unidas.  El Foro Social y buena parte de las entidades sociales de Madrid consideramos que ese hecho no es un aserto irrefutable y que, por lo tanto,  es posible desarrollar ciertas medidas que permitirían encarar esta ya larga crisis y sus consecuencias reforzando la cohesión, reduciendo la fractura social y reforzando los mecanismos, la participación y las instituciones democráticas.  Dicho de otra manera, creemos que el principal peligro que nuestra sociedad encara es la creciente fractura social y el número de personas que ven como esta crisis los orilla y margina.

En primer lugar, creemos que hay recursos presupuestarios básicos,  a los que la Comunidad ha venido renunciado de manera sistemática. Nos referimos a la supresión de impuestos directos dentro del tramo autonómico del IRPF, impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto de Patrimonio y a la entrada de rebajas en educación sobre conceptos como la escolaridad y vestuario que llegan hasta los 900 € por hijo y que, de facto, generan “dumping fiscal” en relación con otras autonomías.

Pensemos que, a pesar de la actual desviación de déficit, el Gobierno regional de Madrid reconoce que dejará de ingresar, gracias a unas ventajas fiscales que benefician sobre manera al 3,5% más pudiente de la sociedad, 2.821 millones de euros.

En segundo lugar, queremos resaltar, tal y como queda reflejado en la última revisión de los presupuestos de 2012, la injusta generalización del “pago por todo” a través de tasas (4). Se han creado 35 nuevas, lo cual significa aumentar su número en  más que el doble de las previamente existentes. Ese hecho, inexorablemente, restringe el carácter universal e incondicional de varios derechos.

En tercer lugar, queremos indicar que el Presupuesto y la distribución de sus partidas se usa de manera sistemática, la última revisión del mismo es buena prueba de ello, como un instrumento en el que se potencia y se protege por encima de cualquier otro concepto el pago de las externalizaciones de servicios y el coste de los recursos privatizados por encima de los estrictamente públicos. Asimismo, se recorta a los ayuntamientos (16,4%) que juegan un lugar fundamental en las políticas de garantía pública, por encima de la media del recorte presupuestario (4,6%).

Por último, esta política lleva, con distintos grados de intensidad, aplicándose desde hace ya varios años. La base de la misma era y sigue siendo defender que las privatizaciones de servicios en sus distintas formas  añadían una supuesta eficacia al uso de los recursos públicos y permitían una optimización del dinero del contribuyente.  A la par, se ha defendido que la rebaja de impuestos generaba,  por sí misma, más inversión y que con ello se aumentaba  la recaudación, el dinero en manos del común. Finalmente, se ha esgrimido como razón última una supuesta libertad de elección del ciudadano. Pero ¿qué libertad tiene aquél inmigrante que ya ha perdido su derecho a la salud, o el desempleado sin recursos que ve eliminadas las políticas activas de empleo?

Quienes nunca compartimos ese proceder, hemos acabado teniendo razones solventes para reforzar nuestra posición. La primera de ellas: el déficit de las cuentas públicas madrileñas, que han obligado a la reciente revisión presupuestaria. Dicho déficit demuestra, números en mano, que el camino emprendido no resuelve ninguno de los problemas que teóricamente  debía solventar, empezando por el déficit. Por el contrario, aumenta la fractura social, dificulta la relación entre el ciudadano y las instituciones e impide el desarrollo de todas las potencialidades de la Comunidad. Potencialidades que parten esencialmente de su principal riqueza: la población.

El que la mayoría del gasto de la Comunidad de Madrid vaya a las partidas sociales, especialmente, a educación y sanidad, no es sinónimo de desarrollo de ambos derechos (5). Como reflejamos anteriormente, la política fiscal favorece sobremanera por la vía de la desgravación a aquellas familias que gastan dinero en concepto de vestuario, idioma y escolaridad.  Así, a la par que en la actual revisión presupuestaria autonómica se mantienen tales desgravaciones, se reduce en 28 millones (-54%) las becas de libros y  comedor. En otras palabras, el Estado deja de ingresar dinero vía impuestos de aquellas familias que usan la enseñanza privada y, simultáneamente, reduce servicios para los sectores más necesitados.

Si a todo ello se le suman los recortes presupuestarios que están afectando especialmente a educación y la creación de “Bachilleratos de excelencia” tenemos un marco sobre el que la OCDE ya advirtió cuando en 2008 señaló: “Seleccionar alumnos con base en los logros educativos tiende a crear grandes diferencias sociales entre las escuelas. También aumenta el vínculo entre el nivel socioeconómico y el rendimiento….” Del mismo modo, abunda en otro aspecto en su informe de 2012 en el que indica: “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”(6).

En sanidad se sigue la misma línea que en educación. Refuerzo de los compromisos con los hospitales y servicios privatizados o de gestión cedida y reducción del dinero y los medios para los hospitales y servicios gestionados totalmente desde el campo público. El presupuesto de 2012 ratifica una tendencia ya muy profunda en la sanidad madrileña. Así, el capítulo de gastos de personal desciende un 0,1%, pero el apartado dedicado a la compra de bienes y servicios, donde se refleja la mayoría de la asistencia sanitaria con medios ajenos a lo público, se incrementó en un 8,6%. La inversión descendió en un 5,7%, dejando el grueso del gasto en el  marco de los hospitales y servicios cedidos total o parcialmente a la gestión privada.

Un cambio necesario

Entendemos que un cambio de orientación es necesario. Un cambio que parta, por ejemplo, de una política fiscal que recupere el tramo impositivo autonómico, eliminando las reducciones que no estuvieran relacionadas con criterios de renta salarial y que, a la par, combata la economía sumergida. En educación debería ver la luz una ley que garantizara la financiación de ese derecho, entendido en la forma en que lo señala la UNESCO. Y en sanidad es urgente presupuestar un gasto  sanitario público que llegue al 5,5% del PIB regional.

Mucho más es lo que podríamos añadir, pero el “caso de Madrid”, que hemos traído hoy aquí, entendemos que representa un buen ejemplo de la necesidad de cambio de rumbo en algunos parámetros que han venido dominando el fondo del quehacer de la gestión de lo público en los últimos cuatro lustros. Un cambio que debe partir de responder positivamente a las observaciones hechas por el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y que mencionábamos al principio. Ese camino es el que permite reducir la horquilla de la exclusión, refuerza la estructura social y afianza la democracia.

Ha llegado la hora de entender que la más rentable de todas las acciones políticas y que el mejor uso de los fondos públicos es aquel que hace de los derechos humanos -por su carácter incondicional y universal y por su naturaleza transversal social, económica y cultural- la principal palanca para el desarrollo de una sociedad democrática, vertebrada y de progreso. No hay mejor uso de los fondos públicos, ni garantía de cobro de deuda e intereses, que esa.

Gracias.

Notas: (1) www.madrid.org; (2) CES de Madrid; (3) Exclusión y desarrollo social (Análisis y perspectivas 2012); (4) www.asambleamadrid.es; (5) Presupuestos 2012 www.asambleamadrid.es; (6) Informe sobre la Equidad y Calidad en la Educación (2008).

Carlos Girbau es coordinador del Foro Social de Madrid y colaborador de Sin Permiso.

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