El modo de gestionar jurídicamente la cuestión nacional remite al principio de autodeterminación como vía para un horizonte de reconocimiento cultural, económico y político por parte de la comunidad internacional.

Pero en Derecho Internacional la cuestión se complica en las áreas geopolíticas que no han sido colonias ni imperios en descomposición. Catalunya, Galicia o Euskadi no son colonias que puedan, mediante título habilitante, proclamar la independencia sin más, o mediante referéndum unilateral avalado internacionalmente, como en Timor Este o el Sur de Sudán. El Estado no lo permitiría y la comunidad internacional no lo respaldaría. Tampoco es la Centroeuropa de las posguerras, ni los Balcanes en descomposición de ayer por la mañana… con sus cruentas oportunidades para geografías en construcción.

Pero España tampoco es, ¡ni de lejos!, Gran Bretaña o Canadá… Estos países aceptan los hechos políticos como dignos de amparo democrático. No se refugian en la norma para negarse a dar salida a los problemas nacionales, sino que entienden que las democracias son para resolver situaciones, y no para enquistarlas.

La democracia española, lamentablemente, es de otra pasta porque se trata de una democracia demediada, nacida de una transición amnésica y sin ruptura, estigmatizadora del adversario, que gobierna a golpe de norma y de lecturas formalistas de la Constitución, o sea a base de encajes rigoristas en la norma constitucional amparándose en mayorías de Estado, en lugar de resolver las nuevas situaciones mediante lecturas abiertas o cambiando las normas.

Se trata de un Estado orgulloso, que se endureció en una guerra civil, y que ya en democracia va construyendo un nacionalismo español tardío y reactivo una vez eliminado el complejo franquista. Para ello recurre a vestirse con el mito del patriotismo constitucional, sacralizando la Constitución Española, mientras oculta la preeminencia de la cultura castellana y del español como opciones culturales dominantes del Estado, o sea como Cultura de Estado, dejando en desigualdad las otras culturas integrales, visibles en sus propios territorios e invisibles en el espacio común.

Estaríamos ante una noria formal (veto desde el parlamento del Estado unitario y regional) que dice mucho y mal de un Estado y su clase política mayoritaria. Son incapaces de asumir la naturaleza de las naciones sin Estado, dando curso a un nuevo empaste de la convivencia, a través de fórmulas satisfactorias o de procesos de divorcio maduro.

Se ha intentado superar esa visión, compartida por la derecha y la izquierda española mayoritaria, mediante consulta o Estatuto mayoritario en el Parlamento propio (intentos del lehendakari Ibarretxe) o mediante metodología convencional (vía catalana) sin que pueda decirse que lo uno haya tenido más éxito que lo otro, dejando un reguero de frustraciones.

Claro que las frustraciones tienen efecto en forma de mapas sociales de desafección que pueden ampliarse si el centralismo se supera a si mismo. El resultado es el desapego nacional de las ciudadanías por una lógica evidente: si no me quieren, o me maltratan, me voy. Y cada vez más españoles dejarán de serlo, como decía Gregorio Morán.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi es el 50% quien se siente sólo vasco o más vasco que español, con una zona intermedia de “tan vasco como español” del 36%, y de sólo un 12% que se siente “más” español que vasco o “sólo” español. El 45% tiene fuertes y altos deseos de independencia contra un 49% con escasos deseos o ninguno (Euskobarómetro Nov 2011). El crecimiento del sentimiento soberanista en Catalunya también es obvio. Aquel 37% de sentimiento sólo catalán o más catalán que español del 2010, ya era del 50% en 2012, según el Baròmetre d’Opinió Política.

Legitimación y demos

Las naciones sin Estado como sujetos colectivos ostentan derechos nacionales por la doble vía de la insistencia histórica en un proyecto nacional en pugna con el dominante y de la legitimidad añadida por unos apoyos sociales mayoritarios repetidos.

El derecho de decisión es un título que conecta con varios desarrollos sociales, doctrinales y jurídicos actuales como la democracia avanzada, la doctrina de los derechos colectivos, la presencia de sujetos comunitarios en la época de la globalización y de la diversidad, los principios de subsidiaridad (que lo haga quien lo puede hacer mejor) y el respeto interinstitucional, participación y fiscalización ciudadana de la gobernanza. Hay otras evoluciones doctrinales en la misma dirección: diversidad, sostenibilidad, acceso, conectividad…

¿Es esta una visión etnicista y fracturante? ¡De ninguna manera! Se hace depender de mayorías reales del colectivo implicado. Sería muy democrática, en todo caso. Y, además, ¡es al revés! Sería el etnos de la elite de la nación mayoritaria del Estado quien, ocupando las bancadas de las instituciones comunes, impediría el demos de la nación minoritaria. Cuando se impide que se pregunte a si misma a una comunidad o no se la reconoce desde los aparatos de Estado –Congreso, Tribunal Constitucional, Gobierno o Policía- estaremos ante una imposición intolerable. Opresión puede ser un término fuerte pero el de dominación encaja a la perfección.

Derechos

Parece adecuada la matizada y moderna versión de la Corte Suprema del Canadá, como base de una teoría jurídica aplicable a contextos nacionales en países avanzados. Se trataría de un “derecho de decisión” de un sujeto colectivo y de la existencia de unos derechos nacionales en un Estado plurinacional.

Esa formulación se acomoda bien al derecho interno de los Estados desarrollados plurinacionales y democráticos: derecho de decisión no unilateral; con obligación de consulta a la población propia; y de negociación con el Estado anfitrión cuya integridad o estructura se vería afectada, sea por secesión sea por acomodación.

Se trata de procesos por etapas y desde la legitimidad democrática siempre. Esto conlleva un giro de tuerca en algunas tradiciones nacionalistas.

Se apunta así la obligatoria compatibilidad entre un derecho de decisión que no se discute, pero que debe contar con el Estado anfitrión, y la obligación, sin excusas, de éste de respetar y atender la propuesta democrática de una nación en torno a una pregunta clara y con respaldo suficiente. El mayor problema suele proceder del Estado.

Las naciones sin Estado tienen así derecho a cuatro pasos: a) debatir y formular propuestas de cambio siguiendo procedimientos democráticos; b) auto-consultarse para contabilizar el sí o el no de un proyecto, y que nadie se lo impida; c) en caso de ser mayoritario, derecho a una nueva negociación con el Estado para redefinir el status quo; d) y decidir. En nuestro caso tenemos, además, los títulos complementarios de los Derechos Históricos reconocidos.

Se quedan así cortos los proyectos de referencia solo étnica. Son superados por el impulso comunitarista, sea nacionalista o no, que se referencie triplemente en la identidad comunitaria con anclajes en la historia, lengua e instituciones; en la convivencia de la sociedad real, no la añorada; y en el bienestar colectivo.

El patriotismo unidimensional (más que una ideología un modo de vida) lentamente va siendo sustituido por el soberanismo, o sea por la concreción de la autodeterminación como derecho a decidir responsable y democráticamente, en claves de dar vida, protagonismo y visibilidad a la comunidad, paralelamente a la preocupación por una amplia panoplia de temáticas.

De hecho se requieren proyectos integrales que respondan al perfil polivalente de las personas que tienen una identidad propia, son nacionales, ciudadanos y seguramente demócratas, están afectadas por las indeseadas derivas de la economía o la sostenibilidad, tienen derechos sociales, pertenecen a algún género, son de alguna generación y/o ven con mucha preocupación el futuro. Responder, no sólo a uno, sino a todos esos perfiles que configuran la multiplicidad de las identidades personales es el reto del buen gobierno.

En suma, son las sociedades políticas nacionales las únicas que deciden, teniendo en cuenta, eso sí, realidades y dificultades externas e internas, incluida la opinión del Estado anfitrión de quien no se admitiría, de ningún modo, un derecho de veto.

(Un resumen de este artículo fue publicado en Deia, 15-6-2012)

Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

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