Bolivia: fin de año agitado. Guillermo Almeyra · Pablo Stefanoni · Jorge Altamira · · ·
 
   
Bolivia: fin de año agitado
Guillermo Almeyra · Pablo Stefanoni · Jorge Altamira · · ·
 
09/01/11
 


El aumento del precio de los combustibles decretado al finalizar 2010, bautizado como “el gasolinazo”, provocó una inmediata ola de protestas y manifestaciones populares, con amplia repercusión en la prensa internacional.  En los siguientes artículos, Pablo Stefanoni, Guillermo Almeyra (miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso) y Jorge Altamira analizan, desde sus respectivas perspectivas, esta crisis que, pese al pasó atrás dado por el gobierno boliviano, parece no haber concluido. Al final se incluye una cronología de los sucesos.

 

Enredos ideológicos


Dicen que las crisis son oportunidades y aunque la frase es bastante trillada no deja de tener una buena dosis de verdad. Por eso, una visión optimista del frustrado gasolinazo podría llevarnos a pensar que es posible discutir, finalmente, el modelo económico que queremos que acompañe el proceso de cambio político y social. Hasta ahora, han convivido varias visiones, que casi no han discutido ni dialogado entre sí; más bien han tratado de imponerse de facto, generando un no despreciable enredo ideológico, especialmente respecto al modelo de desarrollo y el horizonte económico.

Una visión –la hegemónica– propone un Estado fuerte acompañado de políticas macroeconómicas “prudentes”, incluyendo el control de la inflación mediante la apreciación del boliviano respecto al dólar. Esas políticas, sin bien garantizaron la estabilidad, fueron insuficientes para avanzar en un modelo productivo más consistente. Una especie de capitalismo de Estado que no se anima a serlo por completo. Y, como se vio ahora, incluye ajustes que no son socialmente sostenibles y son económicamente discutibles. La línea del capitalismo de Estado más audaz parece haber quedado excluida con la salida de Andrés Solís Rada del Gabinete (y sus críticas no suelen ser respondidas desde el Gobierno).

Una línea más retórica/catártica que efectiva se expresa en otros espacios (cumbres y contracumbres del clima, reuniones de movimientos sociales, seminarios de la vicepresidencia, cursos de formación, etc.): propone un horizonte utópico poscapitalista y comunitario, apoyándose en el pluralismo que sanciona la nueva Constitución y las supuestas cosmovisiones de los pueblos y naciones indígenas. Incluso algunos funcionarios son desarrollistas, “pachamámicos” y “prudentes” al mismo tiempo. Así, mientras somos ultrarradicales en Cancún, la ministra Antonia Rodríguez admite estar negociando la legalización de los transgénicos y las minas y chaqueos hacen estragos ambientales.

La incidencia culturalista en las políticas públicas tiende a cero, pero tiene un efecto nocivo: al incidir en la formación de cuadros lleva las discusiones a un terreno estéril y deja la economía en manos de los técnicos. Como varios de sus exponentes (como Raúl Prada) niegan cualquier autonomía de la economía, ello conduce a discutir “grandes cuestiones” filosófico políticas, y no cuestiones tan prosaicas como la inflación, la producción petrolera, la baja productividad agraria en occidente, la pobreza y la igualdad social. Otros compañeros son hoy entusiastas de la “filosofía de la vida” que daría respuestas a todas las preguntas. Así, se pierde la perspectiva de que cualquiera de estos problemas tiene respuestas progresistas y ajustadoras, y que a menudo economía y sentido común no van de la mano.

Los neoliberales lograron imponer la idea de que las economías son como las casas (se gasta lo que se tiene) pero ya Keynes mostró que las cosas son más complicadas. Lo mínimo que deberíamos hacer es un balance de los países periféricos que lograron dar el salto industrial para sacar lecciones de lo que podríamos hacer y lo que deberíamos evitar. En segundo lugar discutir honestamente si queremos un modelo no desarrollista (con las consecuencias sobre el consumo que ello implicaría) o un nuevo desarrollismo con conciencia ecológica. Esta segunda posición se expresa -sin mucha problematización- en las declaraciones del viceministro Wilfredo Chávez: “Hay que hacer obras para que el país progrese, pero también hay que cuidar a la Madre Tierra, lo ideal es el equilibrio”. Una posición muy sensata pero que –sin ninguna duda- no tiene nada de particularmente revolucionario en términos de concepción del desarrollo o la naturaleza. ¿Cómo vamos a lograr la soberanía alimentaria y energética? En ambos casos, estamos en problemas. ¿Es posible construir un modelo de desarrollo económico que no sea sólo “capitalista atenuado” sino basado en una progresiva desmercantilización de la vida?

La crisis del gasolinazo dejó en evidencia que las bases de este proceso están lejos de la visión idealizada del bloque comunitarista: sectores populares informales, microempresarios que no cumplen con los derechos laborales, contrabandistas, cocaleros que derivan parte de su producción al narcotráfico (Evo mismo lo reconoció)' y es con esos “sujetos” que vamos a cambiar Bolivia. Supongo que no caeremos en la “decepción” que el Partido Comunista alemán dijo sentir por su pueblo cuando la rebelión de 1953. A lo que Bertolt Brecht respondió que el Partido cambie de pueblo.

Página Siete 3-01-2011

Pablo Stefanoni es corresponsal en La Paz del diario argentino Clarín y director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique.

 

Bolivia: la cuestión de fondo

Es evidente que la decisión de imponer de un día para el otro y sin discusión previa con las organizaciones sociales el mayor aumento del precio de los combustibles en toda la historia boliviana fue adoptada con mucha antelación por el “núcleo duro” del gabinete de Evo Morales (es decir, por el ministro de Hacienda, Arce, el vicepresidente Alvaro García Linera y el presidente mismo). El momento elegido para anunciarla –un viaje de Evo a Venezuela para dar ayuda solidaria a los damnificados por las inundaciones- quizás lo fue para dejar al presidente, en la medida de lo posible, al margen del inevitable repudio que dicha medida seguramente se preveía que provocaría. Por lo tanto, aunque Evo anuló lo que la gente malignamente llamó “gasolinerazo”, es corresponsable del mismo y en un primer momento salió a defenderlo con medidas y argumentos que irritaron aún más a las víctimas del decreto (concediendo, por ejemplo, un aumento compensatorio del 20 por ciento a policías, militares, maestros- que están sindicalizados y dirigidos por trotskistas- y funcionarios, que apareció como discriminatorio y como medida de seguridad).

El costo político del impopular decretazo, por consiguiente, lo pagará también Evo, a pesar de que a último momento pudo evitar un grave estallido social. Sobre todo porque el gobierno insiste tozudamente en aumentar los combustibles para impedir el contrabando. Ahora bien, el carisma de Evo, conquistado a pulso y en años, no es intangible ni eterno y no aguanta que la confianza popular se sienta traicionada. Por su parte, los procesos de aumentos de precios, lanzados sin control alguno por el decreto, no serán anulados fácilmente y engendrarán otros aumentos, por las expectativas inflacionarias derivadas de los anuncios gubernamentales que ni siquiera dicen en cuánto ni cuándo volverán a aumentar los combustibles. En un país donde todos están sindicalizados, incluso los contrabandistas, no es popular tampoco atribuir al contrabando hormiga de las señoras indígenas-“hasta en los biberones”, dijo ofensivamente Evo- la fuga de 360 millones de dólares en concepto de contrabando de combustibles a los países vecinos a los cuales éste no entra en biberones sino en camiones y pipas de las empresas.

Lo más grave de todo es la concepción del Estado que este hecho reveló con luz brutal. Los subsidios sin duda favorecen el contrabando, al abaratar el precio interno de los productos, y garantizan igualmente las ganancias empresariales, pero representan un salario indirecto y sostienen el mercado interno. Dar aumentos de precios a las empresas petroleras equivale a reducir en la misma proporción o más los ingresos y, por lo tanto, a hacer aún más raquítico el mercado interno , sin el cual no puede haber desarrollo social ni industrialización. El gobierno opta por el gran capital y no por el nivel de vida de los trabajadores. Y dice que la derecha fascista está detrás de los motines, que fueron provocados por  sus decisiones favorables al gran capital, a las transnacionales, a las fuerzas principales del capitalismo en Bolivia, que son enemigas reales del proceso de cambio y del gobierno mismo. Lo que Bolivia necesita, mucho más que fortalecer grandes empresas capitalistas modernas con escasa mano de obra, es extender el sector que engendra más puestos de trabajo, o sea las pequeñas empresas semicapitalistas, incluso familiares, y elevar su productividad, mejorar su calidad. Si las empresas petroleras no invierten porque no ganan lo que desean, sólo queda estatizarlas  y ponerlas bajo control obrero y social, llamando a los técnicos y profesionales de toda América Latina a desarrollar en Bolivia ese sector con independencia de las transnacionales de todo tipo. El control obrero y popular reducirá los despilfarros y la corrupción y controlará también el contrabando, además de dar trabajo y producir el tipo de subproductos que necesitan los bolivianos.

Detrás del decisionismo verticalista, a la cubana, está también la idea de que el gobierno es el Estado (excluyendo a la población), así como la idea de que la única vía “natural” es la capitalista desarrollista, la anulación de la democracia social, de la autonomía, del carácter formalmente multinacional del Estado. Para el gobierno, el Estado es unitario y centralizado porque ni se le ocurre censar regionalmente recursos y necesidades, consultar a los pobladores para hacer planes regionales de desarrollo y fijar prioridades económicas, hacer de la población organizada en consejos y comunidades un protagonista de la economía, en un proceso de aprendizaje y de modificación, a la vez, de consumos y concepciones económicas. También es evidente la falta de control social sobre el gobierno. El MAS no es un partido  y sirve, cuando mucho, para conseguir votos en las elecciones y puestos en el aparato estatal. No tiene ideas, objetivos, proyectos, iniciativas ni controla al gobierno. Se necesita, en cambio, un movimiento-partido surgido de las organizaciones de lucha obreras y populares, que sostenga el proceso ( y al gobierno) frente al imperialismo y el capitalismo y frente a la derecha racista y fascista, pero que sea independiente del gobierno y del Estado y los impulse con sus ideas e iniciativas. Si el gobierno combate a esta tendencia en germen poniéndola en el mismo plano que a la derecha, dará margen de acción y caudal electoral a ésta y, al miso tiempo, se debilitará y desprestigiará en sus propias bases de apoyo. Debe, por lo tanto, dejar de lado la arrogancia y el rechazo de las críticas de izquierda y escucharlas para aceptarlas o rechazarlas, en un proceso nuevo en el cual todos deben aprender e innovar. En cuanto a la ultraizquierda, debe entender que la historia de Bolivia es trágica y que si Evo Morales cayese sería por la derecha y de forma sangrienta, como cayó Gualberto Villarroel cuando las clases medias urbanas se opusieron al pueblo y siguieron a la oligarquía, con el apoyo, entonces, del partido comunista y otros “marxistas”.

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorila de SinPermiso.

La  Jornada  9-01-2011

 

El rostro boliviano de la crisis mundial


Lo ocurrido en Bolivia la última semana del año ya pasado no es para nada baladí. Encierra los elementos fundamentales del desarrollo de la crisis mundial en la etapa que se viene. El aumento descomunal de los precios del crudo y de la gasolina -decidido por Evo Morales- es una expresión final de la incapacidad de los llamados países emergentes para seguir bancando la explosión de los precios de las materias primas, incluso no agrícolas, por medio de subsidios.

La presión financiera sobre Bolivia ha sido de tal intensidad que el aumento no necesitó la complacencia de un gobierno neoliberal, sino que bastó la resignación de uno ortodoxamente indigenista. Echa una sombra sobre Argentina, donde las subvenciones a las tarifas de gas, electricidad y transporte se comen una parte considerable del presupuesto y una parte aún mayor del equipamiento instalado y de las reservas comprobadas. CFK se anticipó a Morales en la liberación del precio del petróleo, con el resultado de que la nafta se ha ido a 1,30 dólares el litro. Tanto en Bolivia como en Argentina, los aumentos fueron acompañados por una revalorización del poder adquisitivo de las monedas nacionales frente al dólar, con la finalidad de mejorar los precios en términos internacionales y atenuar su monto en la divisa local. Pero esta revaluación desprotege a la industria nacional de la competencia extranjera, lo cual se percibe ya en la avalancha de importaciones. La sospecha de que la revaluación del peso boliviano adquiriría una mayor magnitud provocó una corrida bancaria inédita y absurda: la conversión de dólares a pesos cuando los precios en pesos se iban por las nubes. Pero, incluso en China, los precios de los combustibles se encuentran subsidiados, en un contexto inflacionario descomunal de los precios de los alimentos (aumentan alrededor del 20% al año). Lo ocurrido en el campo político es aún más significativo: no solamente se ha visto a un gobierno 'nac & pop' meter nafta a un ajuste, sino por sobre todo producir una rebelión popular -una acción 'destituyente' de masas que viene del 'campo popular'. Los empresarios y las petroleras, en cambio, y los partidos de la derecha apoyaron al gobierno indigenista. El primero que se avivó de lo que ocurría fue Hugo Chávez, que salió volando de Brasilia a Caracas, dejando plantada a Dilma Roussef, para anunciar que desistía por siempre jamás de aplicar un nuevo aumento del IVA. El líder bolivariano -que venía de devaluar el bolívar que se usa para la importación de medicinas y alimentos- dejó de lado sus propias pesadillas por el déficit fiscal ante el temor de que él también fuera asaltado por la ira popular. En América Latina se ha producido, definitivamente, un giro de enorme magnitud.

Quienes se froten las manos de satisfacción por los sinsabores de los regímenes populistas debieran tomar precauciones, porque el centro de la tormenta se encuentra en Brasil. El gobierno de Lula gastó, en 2010, cincuenta mil millones de dólares para evitar la revalorización del real, el que, a pesar de eso, en dos años se apreció en un 40% y dejó a Brasil sin superávit comercial y con un enorme déficit de cuenta corriente. Lo notable es que este déficit tiene lugar cuando las exportaciones brasileñas se cotizan a los precios más altos de la historia. La inflación en Brasil se encuentra, a pesar de las importaciones y de la apreciación del real, en ascenso. O sea que mientras el real se encarece frente a otras monedas -lo que resulta en una avalancha de importaciones- pierde valor interno como consecuencia de la inflación. Desde el punto de vista del comercio exterior, Brasil necesita una devaluación que reequilibre su comercio exterior, pero en el plano financiero ocurre lo contrario, ya que los dólares no dejan de entrar. La situación en Venezuela es mucho peor, porque con una inflación del 25/30% solamente una nueva devaluación impedirá el crecimiento de las importaciones, pero una nueva devaluación podría ser un paso fatal para el gobierno de Chávez. Pero del otro lado del mostrador, es el pinochetista Piñera el que pone las barbas en remojo: también a fines de año, Chile anunció que gastaría doce mil millones de dólares, en 2011, para evitar la apreciación del peso, porque las importaciones están arruinando a la industria nacional. Hace dos meses, sin embargo, en una conferencia para banqueros, el presidente del Banco Central de Chile fue un poco más lejos, pues dijo que Chile necesitaba acumular reservas para prevenir las consecuencias de un derrumbe de las deudas públicas en Europa. El tema se reduce a esto: todos los analistas pronostican un inminente derrumbe del precio del cobre, el principal producto de exportación trasandino, luego de haber tocado picos sin precedentes, lo que sería consecuencia de la crisis europea, pero, por sobre todo, de la retracción de China. En resumen, toda América Latina, con la excepción de México, está tomando medidas para evitar la apreciación de sus monedas y convertirse en tacho de basura de las exportaciones sin salida de los países centrales. Se trata de una política devaluatoria que alimenta la inflación, o sea la carestía; liquida los planes y subsidios sociales y desarrolla las condiciones de una rebelión popular. La primera manifestación de este proceso que se da en América Latina nació en Asia: fueron las huelgas en China, a mediados del año pasado, que ahora sabemos que abarcó a cien mil empresas industriales (Labor Notes, Detroit, diciembre de 2010).

Moneda basura

La descripción anterior es la consecuencia de la gigantesca emisión de moneda de parte de la banca central norteamericana con el fin de rescatar al capital financiero. En los últimos cuatro años, esta emisión ha provocado un crecimiento de las reservas de los países emergentes del 50 por ciento, o sea una emisión de monedas locales por el mismo monto, que al ser absorbidas aumentan la deuda pública, cuasi fiscal, de los bancos centrales. Pero el principal objetivo de esa emisión, la última de 600 mil millones de dólares en un lapso de doce meses -que se suma a las anteriores por un total 1,4 billones- no ha obtenido su objetivo fundamental de reactivar la compra de la deuda pública norteamericana, bajar los intereses de esta deuda y, por esta vía, facilitar la refinanciación de la deuda hipotecaria de Estados Unidos, el principal rubro del default de este país. Los precios de la vivienda han vuelto a caer y, como consecuencia, la imposibilidad de refinanciar esas deudas, las que superan ampliamente el valor de las propiedades. La incapacidad de esta enorme emisión para sostener la cotización de la deuda pública norteamericana es una manifestación del default potencial de esa deuda, que hoy supera largamente al PBI. Como una derivación de esta situación, muchos analistas aseguran la inminencia de la declaración del default de numerosos municipios de Estados Unidos, cuyos estados ya no tienen condiciones de socorrerlos debido a su propia incapacidad para financiarse. La carga hipotecaria, que con más de cinco billones de dólares y el 40% del PBI de Estados Unidos es impagable, sigue en pie como una traba definitiva para la reactivación norteamericana. Los activos incobrables (préstamos e inversiones) del conjunto del sistema bancario no han sido depurados; el 'dólar barato' no ha servido para depurarla; en su lugar ha alimentado la especulación en la bolsa, con las materias primas y en los países emergentes -una 'burbuja' sobre tantas otras, cuyo estallido inevitable llevará la crisis mundial a una instancia explosiva. En la prensa internacional se manifiesta claramente el temor a un derrumbe próximo de las materias primas no agrícolas, en especial el cobre, lo cual arrastrará a gran parte del capital financiero comprometido con la especulación en estos mercados. A estos peligros, la banca central norteamericana ha respondido de una manera muy significativa: emitirá todos los dólares necesarios que exijan los próximos derrumbes -o sea que forzará a una reestructuración mundial violenta por medio de la devaluación del dólar.

China

La última vez que China aumentó las tasas de interés para frenar la especulación interna, la reacción mundial fue nuevamente una caída generalizada de valores financieros. Este hecho marca la estrecha relación de la crisis mundial respecto de China. Pero la reactivación de la economía china está asociada a un fuerte proceso especulativo, el cual ha disparado los precios de la propiedad inmobiliaria y de los productos de primera necesidad. Los bancos, que financiaron este proceso, están acumulando de nuevo activos incobrables por sumas mayores que en episodios pasados de la crisis. En especial en fondos que están afuera de las cuentas bancarias y que se financian recurriendo al endeudamiento. Como consecuencia de esto, China ha acumulado capacidad excedente en todas sus industrias. Para uno de los mayores especialistas en la economía china, Michel Pettis, sin el auxilio de los estímulos financieros, el crecimiento chino caería del 11 al 3 por ciento -una virtual declaración de bancarrota industrial. Este contexto ha impulsado un torrente de inversiones extranjeras: muchas directas, por unos cien mil millones de dólares anuales, y especulativas las más, que ejercen una presión revaluacionista sobre la moneda china, algo que China no puede permitirse, pero que se manifiesta igual a través de la inflación interna. Pero otro estudioso chino, en un artículo en Financial Times, estima que la combinación de inflación interna y modesta revaluación externa, apreciaría la moneda china en un 40% en cinco años, lo cual la sacaría del mercado mundial de numerosos productos. O sea que China está afectada por la devaluación del dólar en una escala incluso superior a la de los países latinoamericanos, sea por la inflación financiera que ha desatado como por el encarecimiento de las materias primas y, por lo tanto, el costo de producción de sus industrias.

Es claro que una paralización de la reactivación de China, o en su defecto una explosión financiera como consecuencia de la especulación que sostiene esa reactivación junto a un agravamiento de las condiciones de refinanciación de la deuda pública e hipotecaria norteamericana tendrían una consecuencia final sobre las operaciones de rescate en Europa. Las economías nacionales están siendo sacudidas por una guerra económica mundial, que deja en un segundo plano las proyecciones económicas que los 'gurúes' de diversa estirpe se esfuerzan por repartir sin la menor responsabilidad. De nuevo, Bolivia es una señal de la nueva etapa.

Jorge Altamira es dirigente del Partido Obrero (Argentina)

Argenpress  7-01-2011

 

Cronología del llamado “gasolinazo”

 

Segunda quincena del mes de diciembre 2010  Llama la atención en la población repetidos spots publicitarios del gobierno, en los que se insiste sobre la gran diferencia de precios entre hidrocarburos en Bolivia y en los países vecinos, y en el hecho el hecho de que el contrabando de hidrocarburos hacia esos países daña la economía nacional. La Confederación de Transportistas ve en ello un anuncio de un próximo gasolinazo. Funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, desmienten esa aprehensión.

 

21 de diciembre 2010  El Vicepresidente Álvaro García Linera exhorta a las organizaciones indígenas, campesinas e interculturales (nueva designación de las organizaciones de colonizadores) beneficiarias de una donación estatal a bien administrar los mil millones de bolivianos que recibirán del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originario y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC).

 

26 de diciembre 2010   Se aprueba el Decreto Supremo 748 que aumenta el precio de la gasolina de 3, 74 a 6,47 bs (72 por ciento de aumento), la gasolina premium de 4,79 a 7, 51 bs (57 por ciento  de aumento) y el diesel de 3,72 a 6,80 Bs (82 por ciento de aumento). Inmediatamente el pueblo califica a este aumento de «gasolinazo». El anuncio oficial de este decreto lo hace el vicepresidente, encontrándose el presidente Evo Morales entonces de viaje en Venezuela.

 

27 de diciembre de 2010  El pueblo reacciona primero con estupor. No entiende cómo un gobierno que se califica de popular puede asestar tal golpe a la economía de los más pobres. Jorge Valdivieso, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, CTEUB, adelanta que «el incremento de los precios de la gasolina y del diesel tendrá efectos multiplicadores en la economía porque subirá el valor de los pasajes y alimentos, principalmente». Por su lado Franklin Gutiérrez, Presidente de la Junta Escolar de Padres y Madres de Familia de Bolivia indica que los padres de familia de La Paz y El Alto se reunirán el jueves 30 de diciembre «para asumir algunas determinaciones».Los choferes inician un paro de 24 horas, medida que «no descarta movilizaciones en las ciudades capitales de departamento».

 

28 de diciembre de 2010  Los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL resuelven en ampliado ingresar en un paro de labores de 24 horas y no descartan marchar hacia la ciudad de La Paz en rechazo al gasolinazo del presidente Evo Morales. Sin embargo, las reacciones de la población y de las organizaciones le parecen al gobierno tímidas y minoritarias, lo que conduce a funcionarios declarar que el alza de carburantes es irreversible.

 

29 de diciembre de 2010   A su regreso de Venezuela el presidente Evo Morales declara que ratifica el alza de carburantes, justificado como una lucha contra el contrabando. En las fronteras, según él, es posible detener el gran tráfico con cisternas, pero no el «hormiga», efectuado por mujeres que transportan diesel y gasolina en «biberones y mamaderas» y por varones que lo hacen en «cinturones». Aparentemente el presidente confundió el tráfico de cocaína con el de diesel y gasolina. Evo Morales indica que para mitigar los costos sociales se aumentará en un 20  por ciento los salarios de cuatro sectores: educación, salud, ejército y policía nacional.

 

30 de diciembre 2010   Empiezan en el país marchas de protesta contra el gasolinazo. Organizaciones cívicas, juntas vecinales y la COB, Central Obrera Boliviana, se pronuncian contra el Decreto Supremo 748. En Cochabamba cerca de 14.000 personas salen a manifestar. En el Chapare, en las regiones que se creían incondicionales a Evo Morales, se producen bloqueos de caminos. La Confederación de Choferes tras un ampliado determina otro paro de 48 horas como protesta. Los portavoces de las organizaciones beneficiarias de la donación de mil millones de bolivianos (ver nota del 21 de diciembre) son las únicas en manifestar su apoyo al gobierno, entre ellas la Federación de Mujeres Bartolina Sisa y directivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB. Sorpresivamente el gobierno también recibe el apoyo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, CEPB. En conferencia de prensa Daniel Sánchez, presidente de la CEPB, junto a Oscar Calle, de la Cámara Nacional de Comercio, Armando Gumucio, de la Cámara de Industrias y Enrique García, del sector privado de La paz, califican al gasolinazo de «medida necesaria aunque inoportuna cómo se la ha llevado adelante”. En varias ciudades y regiones de Bolivia se producen manifestaciones contra el gasolinazo. En centros mineros, como Llallagua, alrededor de cinco mil personas de organizaciones representativas a convocatoria de la Federación de Juntas Vecinales, se movilizan contra el gasolinazo. En El Alto la multitud ataca la sede de organizaciones que se pronunciaron a favor del gobierno, entre ellas la Central Obrera Regional, COR, y la Federación de Juntas Vecinales. Es atacada también la Alcaldía de esa ciudad y oficinas de organizaciones de Derechos Humanos, calificadas de afines al MAS y a Evo Morales. Se incendian las casetas de peajes de la autopista El Alto La Paz y se quema una bandera venezolana y retratos de Evo Morales. Un monumento al Che Guevara en esa ciudad es también victima de repudio y ataques. En La Paz una manifestación de cerca de 30.000 personas trata de ingresar a la Plaza Murillo. Se producen agresiones a policías, quienes responden con gases lacrimógenos. Habrá varios heridos. La consigna es retomar las acciones después de año nuevo hasta derrocar a Evo Morales si no anula el Decreto 748.

 

31 de diciembre 2010  El presidente viaja a la región del Chapare, a Lauca Ñ, a un ampliado de cocaleros en busca del apoyo de ese sector. Radio patria Nueva informará: «El jefe de Estado se trasladó a las poblaciones del trópico de Cochabamba para explicar a los pobladores las razones por las que firmó el Decreto 748 el pasado domingo.»  Sin embargo, ese ampliado demostrará el desgaste al interior de los grupos más comprometidos con el MAS, pues habrá más bien una instrucción para abrogar el Decreto 748. Cuando faltaba menos de dos horas para que finalice el año 2010, el presidente Evo Morales en un mensaje a la nación derogó el Decreto 748. El presidente indicó que el aumento de precios era necesario e inevitable, que las organizaciones sociales entendieron las razones, apoyaron ese decreto y le manifestaron su apoyo, pero que debía «mandar obedeciendo al pueblo» y que por ello derogaba ese decreto. De acuerdo a ese razonamiento, las organizaciones sociales que lo apoyan no son el pueblo. En su mensaje el presidente indica que con esa derogación ya «no existe ninguna justificación para subir los precios de los alimentos, de los servicios ni para la especulación».

 

2 de enero de 2011  En declaraciones públicas el vicepresidente Álvaro García Linera reitera la necesidad de elevar el precio de los combustibles, medida que, dijo, se hará pero esta vez en consulta con los «sectores sociales» pues de otra manera «a la larga esta situación se hará insostenible». Reiterando que el alza es inevitable, Linera indicó la salvedad de que antes de tomar la decisión, consultarán con los llamados sectores sociales. “Serán ellos los que nos digan cuándo y cómo. También pueden decirnos que no lo hagamos, en cuyo caso, la responsabilidad del Gobierno está salvada”, sostuvo.

 

Revista Pukará  Enero 2011, Número Especial

 

Distintos